Vinculación de las “maras” con los poderes ocultos en las estructuras del estado

pandillas(Estracto de artículo del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala IPNUSAC)

Las pandillas o “maras” constituyen un problema social con aristas múltiples. Resaltamos ahora la vinculación que existe entre ellas y los poderes paralelos u ocultos nacidos en la guerra contrainsurgente de décadas pasadas, y que aún sobreviven, en muchos casos ocultos en estructuras del Estado, detentando considerables cuotas de poder económico y político.

Las maras operan en buena medida en función de un mensaje de control social que estos poderes ocultos envían al colectivo. La violencia generalizada sobre el país, fundamentalmente sobre determinadas zonas urbanas, tiene una lógica propia derivada de un entrecruzamiento de causas, pero al mismo tiempo responde a la implementación de planes trazados por determinados centros de poder donde ellas se han convertido en nuevo “demonio”, supuesta causa de todos los problemas, justificando así la aplicación de políticas represivas.

Las maras funcionan como familia sustituta de numerosos jóvenes que proceden de hogares disfuncionales. El motivo por el que un joven, o un niño -dado lo prematuro de las edades con que se hace el pasaje de incorporación- ingresa a una mara, denota una sumatoria de causas: hay un trasfondo de pobreza estructural e histórica sobre el que se articula una cultura de violencia dominante, impuesta ya como norma en la historia del país, fortalecida con un conflicto armado que alcanzó ribetes de crueldad indecibles y que sigue sirviendo como pedagogía del terror, a lo que se suman impunidad, debilidad o ausencia de políticas públicas por parte del Estado, diferencias económicas irritantes entre los sectores más favorecidos y la gran masa de pobres y excluidos, ruptura de los tejidos sociales producto de la guerra interna, de la masiva movilidad del campo hacia la ciudad y de la salida desesperada hacia el extranjero como vía de escape a la pobreza crónica con la repatriación forzada de muchas de esas personas en condiciones que agravan la ya precaria situación nacional.

Todo esto ya es sabido suficientemente. La academia lo ha venido estudiando desde hace un buen tiempo disponiéndose de mucho conocimiento al respecto, lo cual, lamentablemente, no se traduce en respuestas efectivas por parte del Estado con la implementación de políticas sostenibles y de largo alcance. Las maras, por tanto, siguen siendo criminalizadas y vistas como causa, no como consecuencia.

Dichas maras han venido cambiando su perfil en el tiempo, aumentando su agresividad, tornándose mucho más crueles que en los momentos de su aparición en la década de los 80 del siglo pasado. Ello responde a una transformación nada azarosa. Los llamados grupos de poderes paralelos enquistados en diversas estructuras que siguen operando con lógicas contrainsurgentes, aprovechan a estos jóvenes para sus operaciones delictivas. Pero más aún: en un proyecto semi-clandestino, desde ciertas cuotas de poder que esos grupos detentan, las maras constituyen un brazo operativo y funcional que sirve a sus intereses de proyección político-económica en tanto grupos de poder, disputándole terreno incluso a fuerzas sociales tradicionales.

Las maras están sobredimensionadas. Los medios masivos de comunicación han hecho de ellas un problema de seguridad nacional con lo que se alimenta un clima de zozobra donde esos poderes ocultos, semi-clandestinos, navegan perfectamente, aprovechándose de la situación. El miedo, el terror a las maras que se ha ido creando, es funcional a un proyecto de inmovilización social, de control contrainsurgente que guarda vínculos con lo vivido años atrás durante el conflicto armado interno en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional y combate al enemigo interno. Podría describirse la dinámica como: “de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Cero organización comunitaria, generalizada desconfianza del otro, clima de paranoia social”.

Contextualizando el problema
Las maras existen en Guatemala desde hace ya más de tres décadas. En ese lapso de tiempo fueron evolucionando grandemente, y las primeras experiencias de los años 80 del siglo pasado, cuando grupos de muchachos defendían a puño limpio sus territorios en las colonias populares, ya no tienen nada que ver con su perfil actual.

Hoy por hoy, estos grupos juveniles pasaron a ser un enemigo público de proporciones gigantes. Y justamente ahí viene la pregunta que motiva el presente texto: ¿son realmente las maras el problema a vencer en nuestra empobrecida sociedad post guerra, o hay ahí ocultas agendas mediático-políticas?

La insistente prédica de los medios masivos de comunicación ya desde hace años nos convenció que la violencia (identificada sin más con delincuencia) nos tiene de rodillas. De esa cuenta, sin análisis crítico de la cuestión, las maras se han venido presentando en forma creciente como uno de los grandes problemas nacionales. Una simple lectura de los hechos indica que, en todo caso, el problema de fondo no son estos jóvenes en sí mismos sino las causas por las que se convierten en transgresores. De hecho, nadie sabe a ciencia cierta cuántos mareros hay. Llamativo, sin dudas. Las estimaciones van desde 3,000 hasta 200,000. Si de un problema de tal magnitud nacional se trata, ¿cómo sería posible que nadie tenga datos ciertos?

Hoy por hoy, sus actos constituyen a veces demostraciones de la más espantosa crueldad y falta de solidaridad: matan, violan, descuartizan a sus víctimas, extorsionan. Ahora bien: ¿por qué se fue dando ese paso de grupo barrial juvenil a “demonio” temido, problema de seguridad nacional, con valor casi de nueva plaga bíblica?

¿Cómo es posible que un número no determinado, siempre impreciso de jóvenes marginalizados, subalimentados, con escasa o nula educación formal, provenientes de barriadas pobres, viviendo siempre en situaciones de aguda carencia, de precariedad extrema, pobremente equipados -en términos comparativos con las fuerzas armadas regulares-, sin ningún proyecto real de transformación político-social, tengan en vilo a toda una sociedad? ¿No es posible, si se trata de un problema de seguridad, que las fuerzas armadas oficiales den cuenta del fenómeno, que puedan controlar esa expresión de violencia desbordada? Cuesta creer que estos grupos de jóvenes rebeldes constituyan un problema tan serio.

Ello fue lo que motivó poner en marcha las preguntas que aquí compartimos, y que sin duda podrían generar una investigación mucho más exhaustiva, realizada con el rigor de un estudio de ciencias sociales metodológicamente encarado.

Pero hay una intuición que complejiza las cosas: Guatemala aún está intentado salir -sin saberse con exactitud cuánto tiempo durará eso- de un clima post bélico que pareciera tender a perpetuarse. En concreto, hace ya cerca de dos décadas que se firmó formalmente la paz entre los grupos militarmente enfrentados: el movimiento revolucionario armado y el ejército nacional. Sin embargo el clima de militarización y de guerra continúa. Las maras se inscriben en esa lógica.

Ahora bien: distintos indicios (por ejemplo, esa transformación que han ido teniendo en el tiempo, su papel hiperdimensionado en los medios de comunicación como nuevo demonio -lo que ayer era el guerrillero, el “delincuente subversivo”, hoy lo es el marero: la afrenta a la sociedad pacífica-, ciertas coincidencias llamativas en la esfera política) llevan a pensar que hay algo más que un grupo de jóvenes transgresores.

Las maras, si bien tienen una lógica de funcionamiento propia, no son precisamente autónomas. Responden a patrones que van más allá de sus integrantes, jóvenes cada vez más jóvenes, con dudosa capacidad gerencial y estratégico-militar como para mantener en vilo a todo un país. ¿Están manejadas por otros actores? ¿Quién se beneficia de estos circuitos delincuenciales tan violentos? ¿Cuántos mareros existen en el país? Si tanto dinero manejan ¿por qué los mareros continúan viviendo en la marginalidad y la pobreza?

El tema en cuestión es delicado, álgido, particularmente espinoso. Al estudiar las maras se rozan poderes que funcionan en la clandestinidad, que se sabe que existen pero no dan la cara, que siguen moviéndose con la lógica de la contrainsurgencia que dominó al país por décadas durante la guerra interna. Y esos poderes, de un modo siempre difícil de demostrar, se ligan con las maras. En otros términos: las maras terminan siendo brazo operativo de mecanismos semi-clandestinos que se ocultan en los pliegues de las estructuras del Estado, que gozan de impunidad, que detentan considerables cuotas de poder, y que por nada del mundo quieren ser sacados a la luz pública. De ahí la peligrosidad de intentar develar esas relaciones.

¿Quién se beneficia de las maras?
Se trata de un fenómeno urbano, pero que tiene raíces en la exclusión social del campo, en la huida desesperada de grandes masas rurales de la pobreza crónica de aquellas áreas, que se articula a su vez con la violencia de la guerra interna que asoló al país años atrás y que dio como consecuencia: 1) una cultura de violencia e impunidad que se extendió por toda la sociedad y aún persiste, ya vuelta “normal”, y 2) la salida del país de innumerable cantidad de población que, tanto por la guerra interna como por la situación de pobreza crónica, marchó a Estados Unidos, de donde muchos jóvenes regresaron deportados portando los valores de una nueva cultura pandilleril, desconocida años atrás en Guatemala.

Comprender a cabalidad de qué se habla cuando nos referimos a las maras no puede desconocer que se trata de algo que surge donde se conjugan muchas causas interactuantes: son los países más pobres del continente, con estructuras económico-sociales de un capitalismo periférico que resiste a modernizarse, viniendo todos ellos de terribles procesos de guerras civiles cruentas en estas últimas décadas, con pérdidas inconmensurables tanto en vidas humanas como en infraestructura, las cuales hipotecan su futuro. A lo cual se suman, como elementos que retroalimentan lo anterior: la enorme desigualdad económico-social de sus poblaciones, la debilidad del Estado, la destrucción del tejido social a causa de los conflictos y la emigración-deportación, más la herencia y la cultura de la impunidad dominantes. La pobreza, en tal sentido, es un telón de fondo que posibilita toda esa sumatoria de procesos, pero debe quedar claro que no es ni la única ni la principal causa del surgimiento de las pandillas, pues si no se la estaría criminalizando peligrosamente.

O, en todo caso, surgen en los sectores más empobrecidos (inmigrantes latinos, poblaciones afrodescendientes) de una gran economía como es Estados Unidos, lugar desde donde la cultura pandilleril se difunde hacia los países más carenciados del continente, en buena medida por las deportaciones que realiza el gobierno federal de aquella nación.

El análisis objetivo de la situación permite comprobar que se ha venido operando una profunda transformación en la composición y el papel social jugado por las maras. De grupos de defensa territorial, más cercanos a “salvaguardar el honor” de su barrio, han ido evolucionando a brazo indispensable del crimen organizado. En estos momentos, existen sobrados argumentos que demuestran que ya no son sólo grupos juveniles delincuenciales que entran en conflicto con la ley penal en función de satisfacer algunas de sus necesidades (drogas, alcohol, recreación, teléfonos celulares de moda, vestuario, etc.). Por el contrario, terminan funcionando como apéndice de poderes paralelos que los utilizan con fines políticos. En definitiva: control social.

Los mareros, cada vez más, deciden menos sobre sus planes, y en forma creciente se limitan a cumplir órdenes que “llegan de arriba”. El sicariato, cada vez más extendido, está pasando a ser una de sus principales actividades. Son llamativamente violentas, a veces con grados de sadismo que sorprende. La violencia es una posibilidad de la especie humana en cualquier cultura, en cualquier posición social, en cualquier edad. No es, en absoluto, patrimonio de los jóvenes. Quienes deciden la guerra, la expresión máxima de la violencia (y se aprovechan de ella, por cierto), no son jóvenes precisamente. Eso nunca hay que olvidarlo.

La noción popularmente extendida que ser joven es muy fácilmente sinónimo de ser violento. Y ser joven de barriadas pobres es ya un estigma que condena. La pobreza, en vez de abordarse como problema que toca a todos, como verdadera calamidad nacional que debería enfrentarse, se criminaliza. Si algo falta hoy en los planes de gobierno, son abordajes preventivos. De esa forma la mara pasó a estar profundamente satanizada: la mara devino así, al menos en la relación que se fue estableciendo, una de las causas principales del malestar social actual. La mara -¡y no la pobreza ni la impunidad crónica!- aparece como el “gran problema nacional” a resolver.

Se hacen presente ahí agendas calculadas, distractores sociales, cortinas de humo: ¿pueden ser las pandillas juveniles violentas el gran problema a resolver en un país con altos niveles de desigualdad y en post guerra, en vez de enormes cantidades de poblaciones por debajo de la línea de pobreza? ¿Pueden ser estos grupos juveniles violentos la causa de la impunidad reinante o son ellos, en todo caso, su consecuencia? El problema es infinitamente complejo, y respuestas simples (“buenos” versus “malos”) no ayudan a resolverlo.

Si fue posible desarticular movimientos revolucionarios armados apelando a guerras contrainsurgentes que no temieron arrasar poblados enteros, torturar, violar y masacrar para obtener una victoria en el plano militar, ¿es posible que realmente no se puedan desarticular estas maras desde el punto de vista estrictamente policíaco-militar? ¿O acaso conviene que haya maras? Pero, ¿a quién podría convenirle?

Consecuencia y no causa
En la génesis de cualquier pandilla se encuentra una sumatoria de elementos: necesidad de pertenencia a un grupo de sostén que otorgue identidad, la dificultad en su acceso a los códigos del mundo adulto; en el caso de los grupos pobres de esas populosas barriadas de donde provienen, se suma la falta de proyecto vital a largo plazo. Esta falta de proyecto de largo aliento es más fácil encontrarlo en los sectores pobres que en los acomodados: jóvenes que no hallan su inserción en el mundo adulto, que no ven perspectivas, que se sienten sin posibilidades para el día de mañana, que a duras penas sobreviven el hoy, jóvenes que desde temprana edad viven un proceso de maduración forzada, trabajando en lo que puedan en la mayoría de los casos, sin mayores estímulos ni expectativas de mejoramiento a futuro, pueden entrar muy fácilmente en la lógica de la violencia pandilleril, que supuestamente otorga bondades, “dinero fácil”, reconocimiento social. “Bondades”que encierran una carga mortal. Una vez establecidos en ese ámbito, por una sumatoria de motivos, se va tornando cada vez más difícil salir.

Lo que suele suceder con estos grupos es que, en vez de ser abordados en la lógica de poblaciones en situación de riesgo, son criminalizados. Tan grande es esa criminalización, que eso puede llevar a pensar que allí se juega algo más que un discurso adultocéntrico represivo y moralista sobre jóvenes en conflicto con la ley penal.

¿Hay algo más tras esa continua prédica? ¿Es creíble acaso que grupos de jóvenes con relativamente escaso armamento, comparado con lo que dispone el Estado y sin un proyecto político alternativo -ya que no intentan subvertir ningún orden social- se constituyan en un problema de seguridad nacional en varios países al mismo tiempo, que puedan movilizar incluso los planes geoestratégicos de potencias militares extra-regionales? De hecho Estados Unidos en innumerables ocasiones se refirió a las maras como un problema de seguridad que afecta la gobernabilidad y la estabilidad democrática de la región y preocupa a su gobierno central en Washington. ¿Qué lógica hay allí?

Realmente ¿Que son las pandillas?
Las maras o pandillas no son una alternativa a los poderes constituidos, al Estado, a las fuerzas conservadoras de las sociedades. No son subversivas, no subvierten nada, no proponen ningún cambio de nada. Quizá no sean funcionales en forma directa a la iniciativa privada, a los grandes grupos de poder económico, pero sí son funcionales para ciertos poderes (poderes ocultos, paralelos, grupos de poder que se mueven en las sombras) que las utilizan. En definitiva, son funcionales para el mantenimiento sistémico como un todo, por lo que esos grandes poderes económicos, aunque no se benefician en modo directo, terminan aprovechando la misión final que cumplen las maras, que no es otro que el mantenimiento del status quo. Pero esto hay que matizarlo: no son los poderes tradicionales quienes las utilizan (la cúpula económica tradicional, la aristocracia histórica ligada a la agroexportación, los grandes detentadores de las fortunas más abultadas) sino los nuevos poderes ligados a estructuras estatales y que continúan con el Estado contrainsurgente creado durante el conflicto armado interno, en general vinculados a negocios fuera de la ley (contrabando, trata de personas, narcoactividad, crimen organizado). Es decir, aquello que son llamados “poderes paralelos u ocultos”.

Las maras no son delincuencia común. Es decir: aunque delinquen igual que cualquier delincuente violando las normativas legales existentes, todo indica que responderían a patrones calculadamente trazados que van más allá de las maras mismas. No sólo delinquen sino que, esto es lo fundamental, constituyen un mensaje para las poblaciones. Esto lleva a pensar que hay planes derivados de las perversiones o “patologías sociales” a las que da lugar la contrainsurgencia y los poderes paralelos cuando se quiere seguir utilizando los mecanismos ilegales e impunes que le son propios en el marco de gobiernos democráticos.

Son un flagelo, pero afectan la funcionalidad general del sistema económico-social. En todo caso, son un flagelo para los sectores más pobres de la sociedad, donde se mueven como su espacio natural: barriadas pobres de las grandes urbes. Es decir: golpean en los sectores que potencialmente más podrían alguna vez levantar protestas contra la estructura general de la sociedad. Sin presentarse así, por supuesto, cumplen un papel político. El mensaje, por tanto, sería una advertencia, un llamado a “estarse quieto”.

No sólo desarrollan actividades delictivas sino que, se constituyen como mecanismos de terror que sirven para mantener desorganizadas, silenciadas y en perpetuo estado de zozobra a las grandes mayorías populares urbanas. En ese sentido, funcionan como un virtual “ejército de ocupación”. Un abogado entrevistado, que defiende mareros, afirmaba: “La mara sirve a los poderes en tanto sistema, porque no cuestionan nada de fondo sino que ayudan a mantenerlo. Por ejemplo: ayudan a desmotivar organización sindical. O a veces se infiltran en las manifestaciones para provocar, todo lo cual beneficia, en definitiva, al mantenimiento del sistema en su conjunto”. Y una investigadora del tema afirmó: “En muchas colonias populares ya no se ve gente por la calle, porque es más seguro estar encerrado en la casa. Ya no hay convivencia social: hay puro temor. (…) Todo indicaría que esto está bien pensado, que no es tan causal. La mara nunca es solidaria con la población del barrio. Al contrario: la perjudica en todo, cobrando extorsión, y hasta obstaculizándola en su locomoción”.

Disponen de organización y logística (armamento) que resulta un tanto llamativa para jovencitos de corta edad; las estructuras jerárquicas con que se mueven tienen una estudiada lógica de corte militar-empresarial, todo lo cual lleva a pensar que habría grupos interesados en ese grado de operatividad. Es altamente llamativo que jovencitos semi-analfabetas, sin ideología de transformación de nada, movidos por un superficial e inmediatista hedonismo simplista, dispongan de todo ese saber gerencial y ese poder de movilización. Al respecto relató uno de los entrevistados, un ex pandillero: “En este momento ya casi no están lideradas por jóvenes. No son jóvenes los que dan las órdenes. En otros tiempos se hacían reuniones con chavos de todas las colonias donde se tomaban decisiones, y eran todos menores de 30 años. Hoy ya no es así. Ya no se hacen esas reuniones, que eran como asambleas, y hay viejos liderando. Ahora las órdenes son anónimas. Hay números de teléfono y correos electrónicos que dan las órdenes a jefes de clica, pero no se sabe bien de quién son. Te llega un correo, por ejemplo, con una orden, una foto y un pago adelantado de $1,500 y ya está. Así se maneja hoy. (…) A veces el mismo guardia de la prisión llega con el marero y le da un teléfono, todo bajo de agua, diciéndole que en 5 minutos lo van a llamar. Tal vez el mismo guardia ni sabe quién va a llamar, ni para qué. Eso denota que ahí hay una estructura muy bien organizada: no va a llegar un guardia del aire y te va a dar un teléfono al que luego te llaman, y una voz que no conocés te da una indicación y te dice que hay $2,000 para eso. Ahí hay algo grueso, por supuesto”. Por lo visto, puede apreciarse que no son sólo jóvenes, cada vez más jóvenes, los que la organizan con ese tan alto grado de eficiencia. Una abogada defensora de pandillas entrevistada expresó: “Antes no tenían esa disciplina, ese grado de organización. Ahora sí, lo que lleva a deducir que algunos factores externos están influyendo ahí. Esa organización sin dudas está diseñada. Constituyen una estructura de poder, y hay gente preparada que la dirige”.

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